El Gobierno acaba de aprobar un paquete de ayudas de 30 millones de euros para las víctimas del accidente de Urda. Con esta medida, el Ejecutivo busca duplicar las indemnizaciones que deberían cobrar de aquí a tres meses, que es lo que establece el seguro obligatorio. La ayuda será de 216.000 euros para los herederos de los fallecidos en el tren que serán divididos en tres pagos. En el caso de los heridos la partida del seguro obligatorio oscila entre los 2.400 para los leves, y los 84.000 para los graves. A pesar de este anuncio, las víctimas se sienten desamparadas y abandonadas por las instituciones, como informan en 'Noticias Cuatro'.
Tras el accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba, el Gobierno aprobó un total de 136 solicitudes de indemnizaciones a víctimas y familiares de fallecidos. El procedimiento recogía una ayuda directa y no reembolsable en los supuestos de lesiones y fallecimiento, así como un anticipo de las indemnizaciones por responsabilidad civil.
Entonces, el Gobierno activó un paquete de ayudas por importe de 20 millones de euros, con el objetivo de proporcionar a las víctimas y a sus familias un respaldo material inmediato que contribuyese a mitigar el impacto económico derivado del accidente.
En concreto, el ministro explicó entonces que el importe en caso de una persona fallecida ascendía a 72.000 euros en ayudas directas y otros 72.000 en anticipos, en todos las casos libres de impuestos.
En los supuestos de lesiones corporales, las ayudas se estructuraron con arreglo al baremo existente en función de su nivel de gravedad y variaban desde los 2.400 euros en los casos de menor entidad hasta más de 84.000 euros en los casos de lesiones de máxima gravedad, repitiéndose la misma cifra en el caso del anticipo.
Asimismo, una vez que el seguro obligatorio determinase las lesiones y también las personas fallecidas, las víctimas recibieron una cantidad adicional idéntica por parte del seguro obligatorio. De esta forma, en un plazo no superior a tres meses, una víctima por fallecimiento recibió 210.000 euros.
Además, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este martes que los trabajadores afectados por el accidente ferroviario de Urda contarán con una protección especial de la Seguridad Social, de manera que las bajas laborales por incapacidad temporal (IT) derivadas del siniestro tendrán la consideración excepcional de accidente de trabajo a efectos económicos.
Esta medida permitirá a los afectados cobrar la prestación correspondiente desde el primer día de baja y con una cuantía superior a la fijada habitualmente para contingencias comunes, ha explicado Puente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Asimismo, dentro del paquete de ayudas para víctimas y familiares del accidente aprobado hoy por el Consejo de Ministros, Puente ha indicado que las pensiones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia, así como la prestación económica por incapacidad permanente parcial vinculadas al siniestro, se calcularán como prestaciones derivadas de accidente de trabajo siempre que resulte más ventajoso para los beneficiarios.
En el caso del personal adscrito al Régimen de Clases Pasivas del Estado que, como consecuencia del siniestro, cause pensión de jubilación por incapacidad permanente, viudedad, orfandad o a favor de los padres, podrá percibir una pensión de importe superior mediante la aplicación del régimen de pensiones extraordinarias, siempre que le sea más favorable.