La situación política en España es cada vez más compleja. De lo ocurrido en Ceuta al estallido de la crisis de la vivienda, los frentes se multiplican en los últimos días en el Congreso, escenario hoy del debate y votación sobre los decretos de vivienda anunciados por el Gobierno como medidas urgentes frente al clamor social que ha terminado de explotar con el desahucio de Maricarmen, como informa 'Noticias Cuatro'.
La mujer de 87 años, con un 50% de discapacidad, fue desalojada en Madrid de la casa en la que había estado viviendo durante 71 años al no poder pagar el alquiler que la empresa propietaria le había puesto, muy superior al que abonaba en renta antigua. Su caso, desde entonces, se convirtió en un símbolo que ha impulsado y puesto el foco en un problema directamente global: el del acceso a la vivienda en España y sus condiciones; una cuestión que ahora mantiene a los políticos en el foco y al Gobierno en una posición tan delicada que incluso se empiezan a escuchar los tambores de un posible adelanto electoral.
La frágil aritmética parlamentaria, especialmente con un Junts que continúa sin ceder a las peticiones del Ejecutivo, mantiene la legislatura en jaque. Por eso, ya desde primera hora en este día de debate y votación de los decretos de vivienda, desde muy pronto han empezado a circular titulares apuntando a que miembros del propio Gobierno verían probable un adelanto electoral ante el rechazo a ambos.
Frente a ello, desde Moncloa, no obstante, han instado a no hacer “cábalas”, como ha dicho el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, mientras insisten en que ahora es el momento de centrarse en el propio Congreso y el problema de la vivienda.
“Hoy no toca”, han trasladado entre esta posibilidad de adelanto electoral, pero lo cierto es que ya hay quien está echando mano del calendario ante ese hipotético caso.
La votación de estos decretos, nuevamente, ha puesto en evidencia la dificultad del Ejecutivo para poder sacarlos adelante, y no solo en una materia tan crucial como la vivienda, que sistemáticamente viene ocupando el primer puesto al preguntar a los españoles cuál es el principal problema de preocupación en el país, según el CIS.
Con voces discrepantes entre los que fueron socios de investidura, la de Junts continúa resonando alto como un enorme escollo que el Gobierno de coalición no termina de salvar.
Si bien Pedro Sánchez ha reiterado en multitud de ocasiones que las elecciones generales serán en el año 2027, distintas fuentes ya señalan a las posibilidades de que cambie el paso y anuncie la convocatoria electoral próximamente. Y si eso sucede de forma inmediata, si disuelve las Cortes en próximos días, la cita con las urnas más rápida sería el domingo 29 de noviembre.
Ello es así porque, para que la votación caiga en domingo, la ley electoral exige que el real decreto de convocatoria se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un martes, celebrándose los comicios exactamente a los 54 días. Así, ello supondría convocar un Consejo de Ministros extraordinario un lunes, publicar la disolución el día después y llamar a las urnas, situando la fecha en el 29 de noviembre.
Si no fuese así, todo indica en ese hipotético caso que la siguiente opción pasaría por esperar al parón navideño, lo que trasladaría la posibilidad del adelanto electoral pasado enero.
No obstante, el Gobierno podría seguir negociando en busca de un decreto o decretos que reúnan el consenso suficiente, dirigiéndose así hacia el pretendido camino de agotar la legislatura. En ese caso, y dado que las últimas elecciones generales fueron el 23 de julio de 2023, sería el 22 de agosto de 2027 cuando se convoque a las urnas.