Las medidas políticas anunciadas hoy frente a situación de la vivienda y la presión social tras el desahucio de Maricarmen, –la octogenaria desalojada de la que había sido su casa en Madrid durante 71 años al no poder hacer frente al pago del alquiler–, no han frenado otro caso similar ocurrido esta misma mañana en Mataró, Barcelona, como recoge Noticias Cuatro.
Este último caso se refiere a una familia vulnerable con un menor de edad. Cuando han llegado los vecinos para impedir que les expulsasen de la vivienda, los antidisturbios ya taponaban el acceso al inmueble. Los agentes estaban colocados ante la puerta desde las 6:30 de la mañana y han ejecutado la orden judicial.
En esos momentos de tensión, desde la terraza la familia afectada miraba sin esperanza cómo el Sindicato de Inquilinas intentaba negociar para evitar su desalojo. Sin éxito, porque a las 8:40 se ejecutaba el desahucio dejando al núcleo familiar, compuesto por Jordi, –que tiene una discapacidad del 87%–, su hermana Alicia y los tres hijos de esta, sin poder vivir en el inmueble.
Con los vecinos tachando la escena de “vergonzosa”, los afectados expresaban su desesperación, contando que ante lo ocurrido tan solo les han ofrecido un hostal hasta el viernes.
Frente a este caso, la presión vecinal sí conseguía, sin embargo, frenar otro desahucio en Zaragoza que amenazaba con dejar en la calle a una niña de 11 años y a su madre, Esmeralda, que se rompía al conocer la noticia.
Podrán volver a su casa temporalmente, hasta que se revise su situación económica y quizá pueda recuperar el ingreso mínimo vital que le permita volver a pagar su casa.
Frente a estas situaciones, el caso de Maricarmen en Madrid arroja esperanzas tras convertirse en un símbolo que ha hecho detonar las protestas en las calles por la situación general de la vivienda. Desahuciada el pasado miércoles 23 de septiembre, tras un acuerdo que ha llegado después de la gran movilización social, finalmente, podrá volver a la que había sido su casa durante 71 años en la calle Alcalde Sainz de Varanda de la capital.
Concretamente, ha sido posible tras un acuerdo entre Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L, –la empresa propietaria del inmueble en el que se encontraba–, la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) de Madrid, y los representantes de Maricarmen, –su abogada y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid–.
Tras casi cinco horas de reunión, finalmente, y como han precisado fuentes del Ayuntamiento, que ha actuado como mediador, Maricarmen podrá volver a su casa con un nuevo contrato con arreglo a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), de ocho años de duración, que no superará el 30 % de sus ingresos netos, al amparo del programa de intermediación del alquiler municipal. La EMVS será garante de su cumplimiento.
Este programa ofrece ventajas tanto para el inquilino como para el propietario aportando seguridad jurídica a las partes, ha expuesto, como ha detallado también la consejera delegada de EMVS Madrid, Ana de Miguel.