Canarias propone limitar la compra de vivienda y exigir un mínimo de 10 años de residencia en las islas para poder adquirirla

La grave crisis de la vivienda es uno de los temas centrales de la precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y Canarias, –una de las zonas más tensionadas–, ha puesto sobre la mesa una propuesta contundente que no deja de generar reacciones: que solo puedan comprar viviendas en las islas los que lleven residiendo en ellas de forma continúa los últimos 10 años o de forma discontinua durante 15, acreditándolo debidamente, como informa Noticias Cuatro.

No solo eso. El Gobierno canario, liderado por Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, señala además que cada persona podrá adquirir dos viviendas en dos municipios diferentes, matizándolo después en una medida que, en esencia, y ya desde su propuesta, agita los ánimos del sector inmobiliario y el inversor extranjero, siendo que los ciudadanos de fuera de España compran cerca del 30% de las viviendas en Canarias.

La propuesta de Canarias para limitar la compra de vivienda a los no residentes

Limitar la compra de los no residentes, de hecho, es un viejo anhelo del Gobierno canario que, sin embargo, necesita la aprobación del Gobierno central y la Comisión Europea, por lo que todavía se ha de esperar un largo proceso.

“Esto es un paso al frente. Un paso al frente con unos documentos técnicos solventes elaborados por el equipo jurídico de la comunidad autónoma canaria con especialistas en derecho comunitario, y entendemos que es posible realizar estas medidas", ha dicho ante los medios de comunicación el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello.

Por ello, el Ejecutivo canario ha remitido concretamente al Gobierno central una propuesta de real decreto-ley con sus medidas para fijar un mínimo de diez años de residencia en las islas o acreditar 15 de forma interrumpida para comprar una vivienda.

Además, la norma establece que se pueden adquirir dos viviendas en dos municipios diferentes, una para residir y otra a modo de 'casa de vacaciones' y si se compran más, dependiendo del municipio, tendrán cargas impositivas vinculadas a que se orienten al mercado del alquiler residencial, y en el caso de que sean personas jurídicas, esto es, empresas y sociedades.

En este sentido, la propuesta presentada mantiene también la "idea muy clara" de limitar la compra de vivienda en el archipiélago a los no residentes en virtud al artículo 349 del Tratado de la Unión Europea, que admite "singularidades" como región ultraperiférica, tal como ha destacado Alfonso Cabello.

Defendiendo que Canarias “necesita medidas singulares y específicas diferentes a las del resto del Estado”, para argumentarlo ha subrayado además que en torno a un 30% de las viviendas están siendo compradas por parte de extranjeros que no residen en la comunidad autónoma y se trata de evitar que se compre "para especular".

En esa línea, igualmente, ha hecho alarde de la política de vivienda desplegada durante esta legislatura con hasta cuatro modificaciones legales que permiten entre otras cosas, que se estén construyendo 4.000 viviendas de públicas y que para optar a una de ellas se lleven más de 10 años viviendo en Canarias.

"Canarias necesita esas medidas singulares”, insiste.

División de opinión respecto a la propuesta para limitar la vivienda y su eficacia

Mientras tanto, en las calles ya se debate la propuesta, con división de opiniones. La medida hará que sean precisos esos 10 años de residencia continúa o 15 discontinua en el territorio, con el certificado de empadronamiento por delante, sin importar nacionalidad y con ese máximo de dos viviendas en localidades diferentes. Además, aplicaría también a los alquileres con opción a compra.

Al respecto, mientras algunos ciudadanos señalan que les parece de muy difícil aplicación o llegan a cuestionarle, muchos otros señalan que les “parece bien” y apuntan a la evidente tendencia de los últimos años: si en el territorio la media de compradores extranjeros es del 30%, aumentando en casos como el de Santa Cruz de Tenerife hasta el 34%, la media nacional, según el Colegio de Registradores, ronda el 12%.

Así las cosas, y contra la especulación, el Gobierno de Clavijo ha presentado ya en Madrid estas propuestas, que intentan que se apruebe antes de las elecciones, lo que involucraría a la Diputación Permanente, al estar disueltas las Cortes. No obstante, necesitan el visto bueno del Gobierno de España y también de la Unión Europea.

Se ha propuesto como medida urgente y, en medio de la crisis de la vivienda, puede abrir la puerta a nuevas posibilidades. Sobre la cuestión, existen precedentes a nivel europeo: Dinamarca, Malta y unas islas de Finlandia, pero habrá que esperar para saber si entrará o no en vigor esta medida.