La política migratoria europea se encuentra en el punto de mira. Bruselas avala la creación de un centro de deportación de migrantes en Ruanda. Una medida sobre la que hay muchos interrogantes. El Reino Unido intentó hacer algo similar en 2023 pero los tribunales se lo tumbaron. Ahora cinco países vuelven a intentarlo: Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos. Les respalda Bruselas y una veintena de socios, pero lo rechazan países como Francia o España, como informan desde 'Noticias Cuatro'.
La idea es enviar a Ruanda a 100 migrantes cuya petición de asilo haya sido rechazada y tengan en vigor una "orden de retorno" a su país. Las dudas son dos: cuánto habría que pagar a Ruanda y, sobre todo, si tiene encaje jurídico en el marco europeo o si se van a respetar los derechos humanos en ese país, a más de 5.000km.
Cinco países europeos, Alemania, Dinamarca, Austria, Grecia y Países Bajos, crearán un centro para deportar migrantes a Ruanda en el que solicitantes de asilo rechazados podrán ser enviados a un tercer país con el que no tengan ningún vínculo. La medida se producirá con el visto bueno de la Comisión Europea.
Al grito de “mandadlos de vuelta”, fue aprobado en el Parlamento europeo en el mes de junio. Los países europeos que han puesto en marcha esta medida celebraban el nuevo reglamento que permite centros de deportación fuera de la UE.
El 1 de octubre, el Consejo de la UE dio luz verde a ese nuevo reglamento llamado ‘de retorno’. Solo España votó en contra.
Sin embargo, llevar a cabo esta medida no es tan sencillo. Reino Unido ya intentó deportar migrantes en situación irregular a otro centro en Ruanda en 2022. En ese caso, antes de que se tramitaran las solicitudes fue cancelado el primer vuelo. Fue entonces cuando el Tribunal Supremo declaró ilegales las deportaciones.
En Italia, el plan de Giorgia Meloni para enviar migrantes a centros en Albania sigue bloqueado por los tribunales.
Mientras, Donald Trump también ha pactado con Ruanda el envío migrantes de otros países y tiene un pacto similar con Liberia. Mucho antes, fue Australia el país que comenzó a derivar migrantes a terceros países.
Mientras los críticos cuestionan la humanidad o rentabilidad de esos planes, estos se fortalecen con el control migratorio en el centro del debate.
Por su parte, Naciones Unidas ha expresado este martes su "preocupación" por el acuerdo alcanzado por cinco países de la Unión Europea (UE) --Alemania, Dinamarca, Grecia, Países Bajos y Austria-- con Ruanda para la apertura en 2027 en este país de un centro de deportación de migrantes, a donde podrán trasladar a quienes no tengan residencia legal --incluidos aquellos a los que se les haya denegado el derecho de asilo--, mientras se completa el proceso para su expulsión definitiva, porque hayan rechazado el retorno voluntario a su país de origen.
"Aunque no conocemos el texto de la propuesta, nos preocupan los riesgos para los Derechos Humanos que conlleva el traslado, planteado en la propuesta, de personas desde cinco países de la UE hacia Ruanda", ha dicho el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, que ha resaltado que el país africano es uno con el que estas personas "no tienen un vínculo real" y que, a su vez, "hace frente a sus propios desafíos en materia de Derechos Humanos".
"Somos conscientes de lo complejas, politizadas y polarizadas que se han vuelto las cuestiones relacionadas con la migración", ha señalado, antes de destacar que "la solución no reside en medidas aisladas, a menudo sumamente costosas, que consisten en buscar países lejanos para gestionar un aspecto de la gobernanza migratoria, ni tampoco en externalizar las obligaciones relativas a los Derechos Humanos".