Joaquín Prat estalla contra las administraciones en defensa de Maricarmen: "Pone de manifiesto la incompetencia del legislador"

El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años con un 50 % de discapacidad que llevaba siete décadas viviendo en el mismo piso de Madrid, se convirtió en el centro de una protesta vecinal. La mujer abandonó su vivienda en camilla y fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón, donde permanece ingresada.

Joaquín Prat, presentador de 'El Tiempo Justo'’ ha aplaudido a todas aquellas personas que se entregaron a defender y a intentar evitar el desahucio: "La ciudadanía ejemplar y un paso por delante". Además, el presentador ha dejado claro que la situación de Mari Carmen es también la gran preocupación de los españoles y ha puesto de manifiesto la incompetencia del legislador.

La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, ha explicado que la anciana estaba afectada por el impacto del desalojo: "Tiene una edad, sus patologías previas y toda la ansiedad de vivir un desahucio de la que ha sido tu casa durante 70 años". Las imágenes provocaron tensión y movilizaciones en distintos puntos de España y repercusión en medios internacionales.

Beatriz Duro, abogada de Maricarmen: "En varias ocasiones intentamos buscar soluciones y alternativas para que al menos no fuera así el desahucio"

El desahucio ha provocado además un enfrentamiento político sobre quién debía haberlo evitado. Desde el PSOE se ha responsabilizado al PP, Vox y Junts por votar en contra de una iniciativa para paralizar desahucios, mientras que desde la Comunidad de Madrid se ha defendido que el lanzamiento se ajustó a la ley.

El debate también ha llegado a 'El Tiempo Justo', donde Manuel San Pastor, abogado y activista por el derecho a la vivienda y Jon Goitia, propietario de 15 viviendas turísticas, han defendido sus diferentes puntos de vista. San Pastor sostiene que la situación de Maricarmen podía haberse evitado: "La ley debe estar adaptada al ciudadano, no el ciudadano a la ley". Goitia, en cambio, señala que su contrato de renta antigua había terminado en 2007 y que los contratos deben cumplirse. La polémica se centra así en el conflicto entre el derecho a la vivienda y el derecho de propiedad.

La situación de Maricarmen sigue sin resolverse. Según su abogada, 24 horas después del desalojo ninguna administración le había ofrecido una alternativa estable. Los servicios sociales le plantearon una solución temporal en una residencia, que rechazó porque quiere continuar viviendo de forma independiente en una vivienda. Duro explicó que la defensa había pedido paralizar el lanzamiento hasta encontrar vivienda y recordó que Naciones Unidas había solicitado suspender el desahucio hasta garantizar una solución habitacional adecuada. La letrada ha afirmado: "Con la ley en la mano, este desahucio podría haber sido paralizado". El caso de esta anciana vuelve a reabrir el conflicto entre propiedad, alquiler y protección de las personas vulnerables.