La abogada de Maricarmen afirma que aún no le han propuesto alternativa habitacional: "No sé dónde va a ir"

Beatriz Duro, abogada de Maricarmen, la mujer desahuciada con 87 años, denuncia en ‘El tiempo justo’ que no sabe dónde va a ir su representada cuando sea dada de alta en el hospital porque aún no se le ha ofrecido una alternativa habitacional. Además, explica que se podría haber parado el desahucio porque hay formas.

Para la letrada, las imágenes que se grabaron son "las imágenes de la vergüenza", lo que para ella supone "un fracaso social" y un "fracaso de las instituciones", aunque también destacaba la "enorme oleada de generosidad" de las personas a su alrededor.

Tras lo sucedido, Maricarmen fue ingresada en un hospital pero no sabe qué pasará después: "Cuando salga de ahí no sé dónde va a ir y creo que no lo sabe ni ella porque no tiene dónde ir. Sus cosas siguen en la casa, la propiedad no nos dejó unas horas o unos días para poder sacarlas, dijo que se ofrecía a enviárselas y no se la puede decir".

"24 horas después, no se le ha ofrecido por parte de ninguna administración pública ninguna solución habitacional", denunciaba Beatriz, que apuntaba que solo le han dado una "solución de emergencia": "Es una residencia que se da con carácter urgente y que es temporal".

Pero Maricarmen lo ha rechazado porque no quiere vivir en una residencia: "Hasta ayer ha vivido en su casa de forma independiente y con total autonomía".

"El desahucio de Maricarmen podría haber sido paralizado"

Joaquín Prat destacaba que una de las partes más duras de esta situación es que le desahucio se ha producido en cumplimiento de la ley, lo que lo hace "dramático": "Ese es el drama, es que incumplimiento de las leyes que tenemos ahora, no tenemos ningún paraguas legislativo para atender esta situación de vulnerabilidad".

Sin embargo, destacaba que también con la ley en la mano se podría haber paralizado por distintas vías: "Se puede paralizar por parte de la jueza, porque estábamos pendientes de un escrito que presentamos acreditando que las administraciones estaban haciendo labores para encontrar una alternativa habitacional".

Por otro lado, añadía que hay "una resolución de la ONU pidiendo que se suspenda" y añadía que España "es parte de los tratados internacionales que defienden el derecho a la vivienda". Hablaba también de la policía, que podría haberlo suspendido "si en lugar de estar con 20 furgones hubieran estado con unos medios más razonables" y, por último, se dirigía a la propiedad con quien estuvieron negociando "hasta el último segundo".