La portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Ana Alarcón, ha explicado en 'El Tiempo Justo' los cambios introducidos en el protocolo sobre el uso de gases lacrimógenos, como el spray de pimienta, para los agentes. Después de las manifestaciones de la huelga general, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ordenó inicialmente prohibir estos productos. Sin embargo, el ministro ha rectificado y ha dejado en manos de los policías la decisión de utilizarlos dependiendo de las circunstancias.
Alarcón ha aclarado que el nuevo protocolo desaconseja su uso en intervenciones de control de masas, especialmente ante resistencias pasivas y personas vulnerables. La portavoz ha señalado: "Mis compañeros me trasladan que el nuevo protocolo tiene una modificación y únicamente afirma que el uso no es recomendado en intervenciones para el control de masas, es decir, para orden público".
Durante la entrevista, Alarcón ha criticado la gestión del Ministerio del Interior y ha asegurado que el SUP ha denunciado esta situación desde el primer protocolo, publicado el 23 de octubre. La portavoz ha afirmado que Marlaska ha cambiado su postura tras las reclamaciones del sindicato: "Por el tema del spray y del 11-N, en un principio lo iba a prohibir y ahora no recomienda su uso". Por otro lado, el activista Oriol Erausquin ha declarado que la utilización de estos gases y la presencia policial en huelgas y manifestaciones pacíficas vulneran el derecho a protestar.
Ante estas acusaciones, Alarcón ha defendido la actuación de los agentes y ha advertido de que no todos los asistentes a una manifestación mantienen una actitud pacífica.
Además, la portavoz del SUP ha insistido en que la policía tiene la responsabilidad de proteger a los ciudadanos y garantizar sus derechos, pero también de mantener el orden y cumplir la ley. En respuesta a Erausquin, ha manifestado: "La policía está ahí para protegerle y garantizarle sus derechos y que pueda estar en esa manifestación de una manera libre".
Alarcón ha reconocido que los ciudadanos pueden cuestionar las intervenciones policiales y ha reclamado transparencia y rigor tanto a los agentes como a la población. Finalmente, ha recordado que el sindicato ha solicitado la incorporación de cámaras corporales, conocidas como bodycams, para grabar las actuaciones y aportar pruebas que permitan esclarecer posibles controversias.