La misma tarde de los hechos, Eva Blanco Puig disfrutó de una tarde de tenis con sus amigas. Era 9 de abril. Esa misma noche, el grupo acudió a una discoteca local hasta las 23:30 horas, para después prepararse para volver a casa. 

La víctima y una de sus amigas se separaron a menos de un kilómetro de la casa de la fallecida. Esta amiga fue la última persona que vio a Eva con vida, ya que la menor de 16 años nunca llegó a su casa. Con el paso de las horas los padres comenzaron a preocuparse. Llamaron a sus amigas y al descubrir que no sabían nada sobre su paradero, decidieron pedir ayuda a la Guardia Civil. 

Poco después el cuerpo sin vida de la joven Eva Blanco aparecía en una cuneta, en un paraje denominado Las Pesqueras, junto a una rotonda de la carretera M-100 con evidentes signos de violencia sexual.

Su cuerpo presentaba múltiples signos de violencia y numerosas puñaladas en la nuca, la espalda y el cuello. Se encontró ADN del presunto autor material de los hechos y no había lugar a dudas de que Eva Blanco había sido violada. Se encontraron restos de semen en la ropa interior de la menor, así como trozos de fibra en su boca que pertenecían a la tapicería de un Renault blanco. 

En algún punto del camino a su casa, Eva Blanco fue abordada por su asesino, que la introdujo en el Renault blanco. Fue en este coche donde la joven recibió la primera puñalada. Cuando salió del coche e intentaba escapar, recibió el resto de puñaladas.

El diario, la testigo y el retrato robot

Ocho meses después de la muerte de Eva, su madre entró en su habitación y, revisando los cajones, encontró su diario. Prueba crucial que, de inmediato, compartió con los investigadores del caso de la desaparición de su hija, por si entre sus páginas había algo que les pudiera servir de ayuda. 

Para entonces, la investigación ya había abierto más de cien líneas, pero ninguna parecía ir a buen puerto. Los investigadores tardaron casi medio año en investigar el móvil sexual del crimen, pero debido a los escasos medios de la época y la lluvia que cayó el día del crimen, la tarea de dar con el asesino resultaba extremadamente complicada. 

Fue más de una década después cuando apareció la primera pista visual. Una mujer señaló que en la noche del crimen se cruzó con una persona que no le dio muy buena espina en el camino que habría hecho Eva Blanco. Con los datos aportados por esta mujer se realizó un retrato robot del presunto sospechoso.

Este correspondía con una persona que tenía entre 35 y 40 años, medía entre 1,70 y 1,80 metros, pesaba entre 75 y 80 kilogramos y presentaba una complexión gruesa. Tenía el pelo castaño, corto y de punta en la parte superior; una cara cuadrada y curtida, con ojos negros y hundidos, y el día de los hechos vestía una camisa blanca y jersey de cuello de pico. La misma persona también habló de la presencia en la zona de un vehículo Renault 18 de color blanco. 

2013: el ADN señala al norte de África

No fue hasta 2013 cuando, gracias a los avances en investigación de ADN, se supo que el ADN del sospechoso correspondía a una persona originaria del norte de África. Esta pista permitió estrechar el cerco y descubrir que en 1999 Ahmed Chelh, un ciudadano español de origen marroquí, había huido del país y residía en la localidad francesa de Pierrefontaine Les Varans, donde marchó dos años después del asesinato. 

Con estos datos, se tomaron muestras al hermano del sospechoso, que vivía en Algete, para analizar el ADN, y resultaron ser casi idénticos a la huella del presunto culpable. Una prueba clave que condujo a la Guardia Civil y la Gendarmería Nacional francesa a detener, el 2 de octubre de 2015, al presunto autor del asesinato de Eva Blanco en Francia.

En su declaración ante el Tribunal de Besançon, Ahmed afirmó que dos individuos le obligaron a actuar, pero nadie le creyó. El 9 de octubre de 2015 la jueza instructora del caso decretó su ingreso en la prisión madrileña de Alcalá Meco. 

El 26 de enero de 2016, los funcionarios encontraron su cadáver en su celda, ya que se había ahorcado con los cordones de sus zapatos. Ahmed se encontraba en el protocolo antisuicidio, pero salió del programa al considerarse que ya no corría peligro.

Ahmed aprovechó la falta de vigilancia para ahorcarse. Ante esta circunstancia, la titular del Juzgado de Instrucción nº4 de Torrejón de Ardoz archivó el caso de manera definitiva. En 2020, el Tribunal Supremo condenó al Estado a indemnizar a la familia de Ahmed con 90.000 euros por no haber evitado el suicidio del presunto violador.