Almudena y Javier llevan 23 años en una Vivienda de Protección Oficial (VPO) de Málaga. El contrato de la casa, aunque es propiedad del Ayuntamiento, está a nombre de la suegra de la mujer, Remedios. Es aquí donde surge el conflicto por el que podrían ser desahuciados el matrimonio, su hijo y su nieta de dos años en tan solo días.