El Gobierno de Canarias toma acción ante la crisis de la vivienda y ha remitido al Gobierno central una propuesta de real decreto-ley en la que propone fijar un mínimo de diez años de residencia en las islas o acreditar 15 de forma interrumpida para comprar una vivienda. Además, entre sus medidas para limitar la compra a los no residentes y evitar la especulación.
