Los puntos más calientes del primer decreto son la prohibición de la compra viviendas por debajo del 70% de su tasación por los fondo buitres, la prohibición de los desahucios hasta 2030 y la indemnización al casero por parte de la administración cuando se es un particular. El segundo es el que lleva los alquileres indefinidos exigidos por Sumar y que el Gobierno ha aceptado a regañadientes.